Venezuela  ·  Política  ·  Octubre 2026

Una salida electoral para el descontento

La indignación venezolana tiene un horizonte: el 24 de julio de 2027. Pero una fecha sin garantías es solo un eufemismo, y una alianza de seguridad sin justicia no detiene nada.

Antonio Ledezma

Alcalde Mayor de Caracas · En el exilio desde 2017

Los venezolanos tenemos sobradas razones para estar indignados. ¿Cómo pedir serenidad a una madre que no encuentra medicamentos para su hijo? ¿Cómo exigir paciencia a un agricultor que no consigue combustible para trabajar su tierra? ¿Cómo reclamar resignación a millones de familias que llevan años separadas por el exilio? Años de privaciones, abusos y oportunidades perdidas alimentan esa indignación. La responsabilidad del dirigente político consiste en recogerla y orientarla hacia el cambio necesario.

Es injusto retratar a María Corina Machado como una amenaza para la paz. La rabia de los venezolanos existía mucho antes de que ella asumiera el liderazgo nacional que hoy la distingue. Su mérito consiste en ofrecerle a esa indignación un cauce democrático, en transformar el descontento en organización y la desesperanza en voluntad de cambio. No es poca cosa en un país donde tantos ciudadanos han visto frustradas, una y otra vez, sus aspiraciones de libertad.

Pero esa voluntad de cambio necesita un horizonte político concreto. La movilización ciudadana no puede permanecer indefinidamente a la espera de una oportunidad para expresarse en las urnas. De allí la importancia de la propuesta de celebrar elecciones presidenciales libres el 24 de julio de 2027, formulada por el senador Bernie Moreno y respaldada por Mario Díaz-Balart y Rick Scott. La coincidencia con el natalicio de Simón Bolívar tiene un valor simbólico, pero lo verdaderamente importante será establecer las condiciones para que los venezolanos puedan votar libremente. No necesitamos otra elección cuyo resultado dependa de quienes controlan las instituciones: necesitamos un árbitro independiente, garantías para todos los participantes, observación internacional y respeto a la voluntad popular. Sin esas condiciones, cualquier fecha será apenas una más en el calendario.

Recuperar la democracia también supone enfrentar las estructuras criminales que han encontrado protección en el poder. Venezuela no podrá reconstruir sus instituciones sin investigar esas complicidades, y el continente tampoco podrá combatir eficazmente al crimen organizado si ignora lo que ocurre dentro de nuestras fronteras. El narcotráfico, la minería ilegal, el lavado de dinero y la corrupción han tejido redes que atraviesan fronteras y comprometen instituciones. El Escudo de las Américas, presentado por el presidente Donald Trump en marzo, propone fortalecer la cooperación regional frente a las organizaciones criminales. Es una iniciativa que merece ser examinada con seriedad, especialmente por quienes hemos denunciado durante años la penetración del crimen organizado en las estructuras del poder venezolano.

Pero no basta con compartir información de inteligencia o coordinar operaciones policiales. ¿De qué sirve perseguir a los narcotraficantes si sus socios conservan posiciones de poder? ¿Cómo combatir la minería ilegal sin investigar a quienes facilitan sus operaciones? Naciones Unidas ha documentado la presencia de organizaciones criminales y mecanismos de corrupción en el Arco Minero del Orinoco. Una cooperación hemisférica que aspire a producir resultados debe enfrentar también esas complicidades. La seguridad necesita tribunales independientes, controles sobre el poder y gobiernos obligados a rendir cuentas. De lo contrario, corremos el riesgo de combatir los delitos sin tocar las estructuras que permiten su continuidad.

Reconstruir un país, sin embargo, no consiste únicamente en recuperar sus instituciones o garantizar la seguridad de sus ciudadanos. También exige preguntarnos qué nos une como nación, qué hemos heredado de nuestra historia y qué queremos transmitir a las próximas generaciones. Por eso considero necesario detenerme en el debate sobre la llamada leyenda negra española y en la pretensión de interpretar cinco siglos de historia únicamente desde los agravios de la conquista. No podemos desconocer los abusos cometidos contra los pueblos indígenas ni la tragedia de la esclavitud africana. Pero tampoco debemos renegar de la lengua que hablamos, de nuestras tradiciones, de nuestra herencia cultural y del mestizaje que contribuyó a formar nuestra identidad.

Los venezolanos no comenzamos a existir con la independencia, ni nuestra historia puede reducirse a una sucesión de víctimas y verdugos. Bolívar y los hombres que fundaron la República lucharon por nuestra emancipación política, no por borrar los siglos que los precedieron. Tenemos derecho a examinar ese pasado con espíritu crítico, sin aceptar que las disputas del presente nos obliguen a despreciar una parte de nosotros mismos.

Venezuela tiene que recuperar sus instituciones, pero también la confianza de sus ciudadanos en un destino compartido. Habrá que devolverle independencia a la justicia, levantar las universidades, recuperar los hospitales, garantizar servicios públicos y crear condiciones para que nuestros productores puedan trabajar. Habrá que enfrentar la corrupción y abrir oportunidades para los jóvenes que hoy solo encuentran futuro fuera de nuestras fronteras. Y tendremos que hacerlo sin convertir nuestras diferencias políticas o nuestras interpretaciones de la historia en nuevas razones para dividirnos.

Desde el exilio, esa tarea tiene para mí un significado muy concreto. Cada familia separada, cada hijo que crece lejos de sus abuelos, cada venezolano que envejece esperando regresar nos recuerda que la reconstrucción no puede seguir aplazándose. No queremos volver a un país donde se repitan los abusos que nos obligaron a partir. Queremos regresar a una República donde nadie tenga que abandonar su tierra para vivir con dignidad.

La esperanza que María Corina Machado, junto a Edmundo González Urrutia, ha despertado en millones de venezolanos, debe encontrar expresión en una salida democrática con garantías reales. La cooperación internacional debe contribuir a recuperar la seguridad sin sacrificar nuestras libertades. Y nuestra historia, con sus luces y sus sombras, debe ayudarnos a reconocernos como integrantes de una misma nación.

Los venezolanos hemos perdido demasiado tiempo y demasiadas oportunidades. Tenemos derecho a exigir justicia, a recuperar nuestras instituciones y a decidir nuestro destino. No se trata de olvidar lo que hemos padecido. Se trata de impedir que ese sufrimiento determine también el porvenir de nuestros hijos.

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